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Parte Primera.
DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS.
1. LA EXPLOTACION AGRARIA.
1.1. Estabilidad de la explotación familiar.
La moderna pequeña o mediana explotación agraria constituye una forma de producción particularmente estable en toda Europa, surgida por evolución y capitalización de la base económica del trabajo campesino propia de la agricultura tradicional. Esta misma génesis y estabilidad es constatable en España. A diferencia de Europa Occidental, la liquidación de la agricultura tradicional en nuestro país es relativamente reciente, subsistiendo aún explotaciones no totalmente consolidadas en el tren de la modernidad, sobre todo en áreas marginales (muy localizadas) con economías mixtas de autosubsistencia. Su estabilidad es precaria, eventualmente reforzada por formas transitorias de agricultura a tiempo parcial.
La agricultura a tiempo parcial encierra aspectos positivos (constituye un complemento de renta necesario para la subsistencia de muchas explotaciones familiares), pero también negativas (impide la modernización vía inversiones, y subsiguiente capitalización de las explotaciones). Con todo, puede constituir una alternativa válida, aunque es necesario un estudio más a fondo de este fenómeno.
La estabilidad de la explotación familiar reside principalmente en el hecho de que su objetivo es reproducir la fuerza de trabajo y el stock de medios de producción, pudiendo eludir la valorización del capital y la remuneración de la renta de la tierra. Dicha estabilidad sólo se rompería con una revolución técnica que incorporase procesos de producción inaccesibles a la pequeña explotación. No existen indicios de que tal hecho pueda suceder a medio plazo.
Las perspectivas, por tanto, apuntan hacia una acusada estabilidad de la pequeña y mediana explotación agraria de base familiar. Dicha estabilidad no está exenta de tensiones y problemas derivados de una erosión de la renta agraria por efecto de la crisis económica, y de la existencia de importantes limitaciones para avanzar más en el camino de la intensificación: limitaciones de mercado (saturación en muchos productos), físicas (limitación de las nuevas superficies regables), ecológicas (necesidad imperativa de frenar la roturación de entornos ecológicos: bosques y dehesas), y finalmente, limitaciones energéticas.
Además, la explotación familiar agraria se desenvuelve en un entorno económico e institucional marcado por desajustes históricos: falta de movilidad del factor tierra (sobregravado por el peso de la especulación), altos costes de financiación (lo que genera limitaciones a la inversión), y escasa experiencia en agricultura asociativa (debido a la inexistencia durante muchas décadas de un marco jurídico e institucional favorable al cooperativismo de base democrática y participativa).
Habida cuenta de que la explotación familiar ofrece más puntos de vulnerabilidad en España que en otros países de nuestro entorno (que cuentan con una agricultura familiar muy consolidada), es preciso establecer un posicionamiento claro en apoyo de la misma. Consecuentemente, la explotación familiar constituye un núcleo de producción que es preciso potenciar y defender desde un enfoque político progresista, lo que exige asumir estrategias de apoyo público en el plano de la mejora estructural (la estructura productiva de nuestras explotaciones agrarias es notablemente más atrasada y deficiente que en el resto de la CEE), y en el plano de la compensación de rentas (los mecanismo de apoyo de mercado que constituyen el grueso de la PAC benefician preferentemente a las explotaciones de mayor tamaño).
1.2. La "extensificación".
Como posible salida para la superación de estos factores de inestabilidad, se ha planteado en ocasiones el camino de la "extensificación", basado en el aumento del tamaño de las explotaciones y en la orientación hacia aprovechamientos más extensivos en mano de obra y extensivos en capital.
Esta vía tropieza con la falta de movilidad del factor tierra y con la disminución de las necesidades de empleo que ello acarrearía, lo que la hace difícilmente aplicable en todas sus implicaciones.
Si es factible, en cambio, plantear soluciones parciales en esta dirección, como es el caso de la promoción y difusión de la ganadería extensiva, de base territorial, iniciada en España a partir de 1984.
La nueva política comunitaria de retirada de tierras, que en sí misma no es muy apropiada para nuestro país, puede ser utilizada para incidir en la vía de la extensificación y ampliación de la base territorial de las explotaciones, obviando por otra parte los efectos en cuanto a la destrucción de empleo o la desertificación. Así:
- La política del "set-aside", que en España puede revestir la modalidad de "barbecho-marrón" (abandono del cultivo durante cinco años para sustituirlo por el de las leguminosas). Ello posibilitará sustituir producciones más intensivas por plantaciones de leguminosas, extensivas y mejorantes del suelo, con un complemento de renta importante.
- La política de cese de la actividad agraria establece una prima de prejubilación a partir de los 55 años, con posibilidades de cesión de la tierra para agricultores jóvenes, en régimen de arrendamiento. Ello puede suponer un importante estímulo a la movilización de este factor productivo.
En cualquier caso conviene subrayar el carácter fundamentalmente desmovilizador y regresivo de estas políticas comunitarias más patente si cabe en España, con amplios espacios rurales amenazados por procesos de desertización, o por la realidad del desempleo agrícola en otros casos, sobre zonas en las que no hay posibilidad de trabajo alternativo en otras actividades.
1.3 La PAC y las rentas familiares
Es de señalar, en primer lugar, que la entrada de la agricultura española en la PAC comunitaria está contribuyendo en alguna medida a mejorar las rentas de la explotación familiar, al encontrar unos mecanismos de protección de mercado mucho más eficaces y de mayor cobertura que los existentes hasta ahora en España. Sin embargo, no es menos cierto que -tal como se ha señalado- la agricultura familiar en España se enfrenta a problemas y desajustes mucho más serios que en el resto de la CEE: baja productividad física de los suelos, elevada proporción de los gastos fuera de la explotación, precio anormalmente elevado (y especulativo) del factor tierra, y elevados costes de financiación (inadecuación del sector financiero al negocio agrario y práctica inexistencia del crédito cooperativo). Estos y otros factores que se señalan en el capítulo 2 condicionan gravemente las oportunidades de crecimiento de las rentas familiares agrarias.
En este contexto, el hecho de que el 70% de los gastos de la PAC se destinen a financiar la política de precios y mercados no solamente encierra una profunda injusticia, sino que alimenta procesos económicos poco racionales, generando una espiral de gastos imposibles de controlar, ya que:
- La política de precios y mercados repercute en mayor medida sobre el aumento de las rentas de la gran explotación, que aprovecha economías de escala y posee mayor capacidad de introducir mejoras con fuertes aumentos de la productividad física.
- Dinamiza la actividad económica de los eslabones conexos a la agricultura (operadores comerciales, industrias transformadoras), muchos de ellos no enclavados en el medio rural.
- Acentúa los desequilibrios regionales intracomunitarios, potenciando sobre todo a las zonas con estructuras productivas muy racionalizadas.
La política comunitaria de precios y mercados ha constituido hasta ahora un mecanismo de transferencias de renta desde los sectores no agrarios al agrario, pero en un contexto que podríamos caracterizar de "país rico", que no precisa introducir mejoras estructurales sustanciales, y se puede permitir el lujo de acumular excedentes y producir a espaldas del mercado. Estas políticas son, por añadidura, claramente conservadoras.
España (desde una posición políticamente progresista) viene propiciando activamente en los foros comunitarios un reequilibrio en favor de los intereses de la "CEE del sur" (expresión incorrecta porque en este bloque debe incluirse Irlanda), en el que la política estructural cobre un nuevo impulso.
Debe señalarse -con todo- que algunos aspectos de la política de precios y mercados encierran elementos progresistas que es preciso potenciar: por ejemplo, la aplicación de la intervención en el sector de frutas y hortalizas (que es ejecutado directamente por las Organizaciones de Productores) está potenciando en España la organización comercial del agricultor y el tejido asociativo en el medio rural.
2. LA PERSPECTIVA ESPACIAL: ESPACIO RURAL Y ESTRUCTURA AGRARIA
2.1 La idea del "espacio rural"
Los términos "agricultura" y "medio rural", aunque encierran contextos muy diferentes, se usan coloquialmente como muy próximos o casi sinónimos (confusión que no se produce, por ejemplo, entre "industria" y "ciudad"). Y ello encierra la realidad de que la agricultura es, en muchos casos, algo más que una simple actividad económica: es un medio de vida que encierra elementos culturales, relaciones de convivencia e incluso enfoques en la percepción del mundo exterior. El medio rural se constituye así en un espacio cultural y socialmente diferenciado, incluso en el caso en que la actividad agraria tradicional esté siendo desplazada por formas de explotación más modernas o por actividades no agrarias.
Precisamente, estos procesos de transformación están repercutiendo sustancialmente sobre muchos de los equilibrios tradicionales, y en primer lugar sobre el medio natural:
- La erosión de las rentas familiares ha inducido fenómenos de emigración masiva, apareciendo riesgos serios de desertización, y -en consecuencia- de degradación del medio.
- Riesgos degenerativos aún más graves se producen con la expansión de actividades no agrarias o con la "industrialización" de actividades agrarias, generadoras de residuos contaminantes.
España, en razón de sus históricos atrasos se ha visto hasta fechas relativamente tardías más libre de estos procesos degenerativos que, sin embargo, están cobrando especial virulencia en los últimos años. En el momento actual, nuestro país cuenta con un importante -aunque amenazado- patrimonio natural que es preciso salvar. Ello sólo será posible recuperando el equilibrio tradicional agricultura-medio natural, el mismo equilibrio que ha permitido almacenar y conservar hasta nuestros días un entorno natural vigoroso y un patrimonio genético, que por su riqueza y variedad constituye un caso único en Europa Occidental.
La recuperación del equilibrio tradicional tiene sin duda un coste en términos de compensación de renta. Este coste debe ser socialmente asumido. Ciertos programas comunitarios se basan precisamente en esta idea (por ejemplo, la Indemnización Compensatoria de Montaña, establecida para compensar las rentas de los agricultores en zonas de montaña con el único objetivo de que no abandonen la actividad agraria).
Este planteamiento confiere a la agricultura un nuevo papel ("guardián de la naturaleza"), más allá del estrictamente productivo. Pero ello exige articular mecanismos sociales de transferencia de rentas de modo que una parte de las ganancias obtenidas con actividades que -directa o indirectamente- degradan el medio natural, se utilicen para conservar y evitar la pérdida irreversible de este patrimonio.
La futura política agraria debe diseñarse colocando este aspecto como una prioridad no sólo en el plano de las actuaciones nacionales, sino a escala comunitaria en incluso en ámbitos supranacionales más amplios, ya que se trata de la protección de un patrimonio común a toda la humanidad.
Las actividades "conservacionistas" abarcan un cuadro de actividades muy amplio, pero entre ellas se deben priorizar los programas de repoblación forestal, en su doble vertiente de defensa del medio natural y de complemento de las rentas del agricultor. En este campo de actuaciones es el sector público quien tiene que cargar con el mayor esfuerzo financiero, tanto por la propia naturaleza de las actuaciones (subvenciones y complementos de renta) como por la titularidad pública de gran parte de terrenos de monte susceptibles de repoblación.
2.2 La estructura agraria española
Una de las causas del despoblamiento y abandono del espacio rural ha sido la falta de equipamiento e infraestructuras, en su doble vertiente de bloqueo productivo (mayores costes de producción y menor accesibilidad al mercado), y de deterioro de la calidad de la vida.
Un diagnóstico global de la situación que actualmente ofrece España en materia de estructuras agrarias, puede sintetizarse así:
a) Desde el punto de los equilibrios territoriales: la emigración rural ha eliminado el subempleo o el desempleo agrario en muchas zonas rurales, lo que ha permitido una cierta recuperación en términos de renta por ocupado. A pesar de ello, las diferencias de renta "per cápita" han tendido a aumentar, de modo que parece agrandarse el desfase entre regiones ricas y pobres. Subsisten, además diferencias importantes en términos de dotaciones de infraestructuras y servicios, particularmente en áreas rurales de montaña o tradicionalmente deprimidas, amenazadas de despoblamiento.
b) Desde el punto de vista del factor "tierra":
- Progresiva mejora de la estructura de las explotaciones con un menor nivel de parcelación y un aumento de la dimensión media, aunque las diferencias respecto a otros países de la CEE siguen siendo notables, estimándose que más de la mitad de las explotaciones agrarias españolas están por debajo del mínimo rentable. La rigidez del factor tierra dificulta la ampliación de la base territorial de las explotaciones.
- Se ha producido en los últimos años un progresivo ajuste entre oferta y demanda, habiéndose frenado la tendencia a generar excedentes. Subsisten, sin embargo, problemas en sectores importantes, tales como vino o aceite de oliva.
Sin embargo, uno de los "puntos fuertes" de la agricultura española es precisamente su diversidad, con la presencia de sectores productivos muy variados, algunos de ellos con gran potencial en el contexto europeo (donde prácticamente todos nuestros sectores agrarios tienen una presencia relevante). Por ello, la agricultura española no es tan generadora de excedentes como la de otros países comunitarios (especialmente los de agricultura continental), que ofrecen poca diversificación, pero con altos rendimientos, generando producciones incapaces de ser absorbidas por el mercado.
- Tienden a agudizarse los problemas de erosión y degradación de los suelos, fruto de largos años de aplicación de una política forestal "productivista" (especies resinosas de crecimiento rápido), poco atenta a la conservación de los equilibrios ecológicos, con absoluto desinterés en la conservación de masas autóctonas y no priorización de las obras hidrológicas de infraestructura.
c) Desde el  punto de vista del factor "trabajo":
- Elevado envejecimiento de la población activa agraria, si bien en los próximos años debe esperarse una ruptura de esta tendencia, por razones exclusivamente demográficas (naturalmente, esta recuperación relativa de los estratos más jóvenes se truncaría si reaparecen los fenómenos de emigración). Con todo el elevado grado de envejecimiento impone una dinámica regresiva, estimada par los próximos diez años en un -3% anual acumulativo.
- El contraste entre ocupación agraria (1,6 millones en 1987) y requerimientos técnicos de empleo en el sector (1,2 millones) permite afirmar que -hoy por hoy- sobran en la agricultura más de 400.000 ocupados. De acuerdo con la caída demográfica estimada, y suponiendo que la introducción de innovaciones técnicas ahorradoras de empleo se compensase con la exportación de mano de obra a otros sectores, es prácticamente en el horizonte del año 2000 cuando se pudiera llegar a un balance global equilibrado. Esta afirmación hay que matizarla a escala regional, puesto que en tanto algunas regiones -Galicia o Asturias- ofrecen un alto excedente agrario -que permanecerá en dicho horizonte- algunas áreas del valle del Ebro padecen ya claros déficit de mano de obra.
- Patente subdesarrollo del cooperativismo agrario en España, debido a una larga historia de autocracia y caciquismo en el medio rural, y a los planteamientos demagógicos o voluntaristas con que los gobiernos de derechas trataban de promocionar el asociacionismo. Todo ello ha dejado una secuela psicológica cargada de recelos y desconfianzas.
- Persistencia del paro agrario, en los núcleos rurales de asentamiento de braceros agrícolas asalariados sin tierras, que han quedado desplazados de la nueva agricultura.
- Perfil heterogéneo, y en general desfavorable, respecto al nivel de cualificación profesional. Fruto de ello, la utilización de medios de producción se realiza muy frecuentemente con escasos criterios técnicos.
d) Desde el punto de vista del factor "capital":
- El tradicional subdesarrollo en materia de investigación (con notables y honrosas excepciones en algunos sectores concretos, como trigos o cítricos) está en vías de ser corregido, debido a un importante esfuerzo en planes de investigación de carácter finalista. Subsisten aún importantes carencias, en parte imputables al carácter extraordinariamente variable de nuestra agricultura (es difícil atender a todos los sectores a la vez), y en parte por las dificultades para establecer cauces regulares y operativos de difusión tecnológica al agricultor.
- La utilización de medios de producción agrarios (semillas, abonos, maquinaria, productos sanitarios) está casi siempre motivada por criterios subjetivos (imitación, consejos del vendedor...). Las operaciones de conservación del parque de maquinaria son, en muchos casos, insuficientes. Todo ello se debe a una frecuente falta de capacitación profesional, y genera sobrecostes muy importantes (vaporables en más de un 5% del gasto en medios de producción), así como gastos energéticos inútiles. Las cooperativas agrarias de servicios pueden jugar en este sentido un gran papel en el futuro.
Estos rasgos muestran claramente la necesidad de intensificar en los próximos años las acciones de mejora estructural, de modo que en el horizonte del año 2000 hayamos podido acercar considerablemente las diferencias respecto al conjunto de la CEE. Existen, indudablemente, nuevos factores favorables que recientemente han empezado a operar. Entre ellos se pueden destacar:
- Con la difusión de las nuevas tecnologías, se inducen fenómenos de "fragmentación" productiva. Ello ha sido ya observado en los países más industrializados, y se debe a que las nuevas tecnologías permiten establecer procesos de producción muy flexibles, permitiendo alcanzar altas productividades aun en unidades de producción pequeñas. Las nuevas tecnologías facilitan así la dispersión productiva en pequeñas empresas, al tiempo que el avance y el abaratamiento de las comunicaciones permite que éstas cada vez se alejen más de las áreas de concentración industrial, favoreciendo incluso su penetración en las áreas rurales.
- En particular, el abaratamiento y las mejoras tecnológicas logradas en el sector de la comunicaciones va a crear importantes economías de localización en las áreas rurales, que ofrecen ventajas para actividades industriales de primera transformación agraria y conexas: proximidad de materia prima, menor coste salarial y menores costes de servicios, suelo barato, etc. Además, con el surgimiento y perfeccionamiento en el uso de fuentes alternativas (solar, eólica) se contará con la ventaja adicional de autonomía energética. Finalmente, en la medida en que se desarrolle un cierto tejido industrial, se creará espacio económico para el asentamiento de nuevas actividades.
- Dentro de estas actividades terciarias, algunas áreas rurales poseen características que las hacen particularmente idóneas para el fomento de actividades recreativas, educativas o de ocio, así como para la recuperación de oficios artesanales tradicionales, ya sea por su proximidad a núcleos urbanos, parques naturales, fauna protegida, etc. Este potencial desarrollado conforme a una perspectiva de bienestar colectivo, y explotado con criterios empresariales adecuados, puede contribuir a crear riqueza y redistribuir espacialmente la renta.
- Finalmente, la actuación de los fondos estructurales comunitarios va a crear oportunidades de desarrollo rural hasta ahora inexistentes por carencia tanto de fondos presupuestarios como de programas específicos al efecto. Téngase en cuenta que algunos programas comunitarios responden precisamente a estos planteamientos: apoyo a Zonas de Montaña y Rurales Desfavorecidas, ayudas especiales a inversiones turísticas o artesanales (Reglamento 797/85), acción común específica para algunas zonas rurales y programas de protección y mejora del medio rural.
2.3 Estructuras agrarias e inversión pública.
La inversión pública en estructuras agrarias por parte de la Administración Central puede calificarse hoy en día de relativamente modesta (unos 60.000 millones de pesetas en 1986), si bien a ello habría que añadir las aportaciones de las Comunidades Autónomas.
De esta inversión, cerca de 4.000 millones (7,5%) fueron reembolsados en 1986 con cargo al FEOGA-Orientación, cifra que es indudablemente modesta, pero que tampoco es desdeñable para tratarse del primer año de la adhesión. Además, a ella habría que añadir los 9.200 millones aportados directamente a las industrias agrarias para el desarrollo de proyectos de industrialización y comercialización de productos agrarios y pesqueros (Reglamento 355/77). En 1987, estas aportaciones se han más que duplicado, totalizando 8.333 millones, a los que habría que añadir 6.400 millones con cargo al Reglamento 355777. Las perspectivas futuras no son exactamente cuantificables, sobre una inversión total de 70.000 millones de pesetas.
Los socialistas, dentro de nuestra responsabilidad en el Gobierno de la Nación, hemos mantenido ante los más altos foros comunitarios, el objetivo irrenunciable de que la dotación comunitaria para gastos estructurales se duplique en el horizonte de 1992. Si este objetivo se aplica a los programas actualmente en curso (que sean susceptibles de absorber dicho aumento), y a ello se añaden los nuevos programas ya aprobados y que van a ser operativos a lo largo del quinquenio 88-92, puede razonablemente esperarse que las inversiones con cargo al FEOGA-Orientación lleguen a triplicarse en cinco años, si bien ello exigiría casi duplicar los recursos que la Administración Central aplica a estructuras agrarias, a fin de atender los compromisos de cofinanciación. De este modo podría alcanzarse un presupuesto global anual de 160.000 millones de pesetas, es decir, cerca de 100.000 millones por encima del nivel actual. Esta cifra puede constituir un buen punto de referencia de cara al horizonte del año 2000.
2.4 Estructuras agrarias y política regional
Se puede decir que una de las carencias históricas de la política de mejora de estructuras agrarias ha sido su falta de articulación dentro de un planteamiento más general de política regional, tendente a la corrección de los desequilibrios territoriales. Ello se debe básicamente a la carencia práctica de esta política regional, que ha actuado hasta fechas bien recientes de forma poco selectiva, dispersa y sin instrumentos específicos.
La integración en la CEE -que sí posee estos instrumentos de política regional- ha hecho más perentoria la necesidad de una redefinición en esta materia, que es imprescindible para una eficaz aplicación de los fondos estructurales comunitarios. En este sentido, con la  puesta en marcha en España de las nuevas Operaciones Integradas de Desarrollo (OID, verdaderos instrumentos de actuación territorial), se abre el camino para insertar la política de estructuras agrarias en un contexto más amplio de desarrollo rural integrado. Es evidente que si en el futuro pretendemos atacar para siempre el problema del subdesarrollo secular de algunas zonas agrarias españolas, habrán de utilizarse a fondo este tipo de instrumentos, que coordinan las acciones de mejoras de estructuras sectoriales con las de infraestructuras, dotaciones, servicios, defensa del medio ambiente y promoción de nuevas actividades económicas.
2.5 La política agraria en las Comunidades Autónomas
Buena parte de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de política agraria se centra en política de estructuras, bien a través de programas específicos, bien a través de la gestión de programas de ámbito nacional.
Ello ofrece unas posibilidades de actuación más variadas, adaptadas a la gran diversidad de estructuras, tipos de producción y sistemas de explotación. En un intento de síntesis, podrían señalarse básicamente los siguientes tipos de agricultura que coexisten en España:
a) La agricultura mediterránea, basad en producciones hortofrutícolas de regadío, y en la vid y olivo tradicionales.
b) La agricultura mesetaria de secano, basado en cereales, girasol, pastos extensivos y viñedo.
c) Los regadíos interiores enclavados a lo largo de las cuencas de los principales ejes fluviales, con producciones muy variadas según zonas: forrajes, cereales, hortofruticultura y cultivos industriales.
d) En el norte peninsular se da una fuerte integración agricultura/ganadería/silvicultura, en base a explotaciones de reducida dimensión, no siendo infrecuente -al igual que en las áreas mediterráneas- la existencia de formas de agricultura a tiempo parcial.
e) Finalmente las áreas de agricultura de montaña, basadas en la explotación de pastos y en una agricultura en general poco productiva y frecuentemente de autoconsumo, ofrecen una problemática muy especial, derivada de su bajo nivel de rentas y de sus carencias seculares en infraestructuras y servicios.
Un hecho importante a tener en cuenta es que esta variabilidad de situaciones no se corresponde biunívocamente con la actual división administrativa. No existen tipos de agricultoras específicos de una determinada región, y -por el contrario- es frecuente que en una misma Comunidad Autónoma coexistan varios tipos a la vez.
Una segunda reflexión que conviene hacer, ya con la perspectiva de varios años de rodaje en la gestión de la política agraria a escala de Comunidad Autónoma, es abundar en el hecho de que el principal aspecto que va a marcar la futura política de estructuras agrarias es el de atacar de raía los históricos atrasos que hoy todavía ofrece nuestro país. En tales atrasos -cuyo diagnóstico se ha esbozado en el epígrafe 2.2- subyacen básicamente elementos comunes, que son, sin duda, más importante que el hecho diferenciados. Consecuentemente, parece llegado el momento de que las futuras políticas agrarias a escala autonómica incidan más en el esfuerzo común integrador desde una perspectiva de lucha frente a problemas básicamente semejantes, que en el hecho diferenciador.
La perspectiva del año 2000 ofrece un periodo de tiempo muy ajustado, aunque suficientemente amplio como para ganar en lo fundamental la batalla de la modernización y la superación de los bloqueos tradicionales del medio rural. Pero ello exige un esfuerzo tenaz e integrado por parte de las diferentes Administraciones.
El esfuerzo presupuestario que va a desarrollar la Administración Central en mejora de estructuras agrarias no alcanzará su óptimo rendimiento si no se llega a cristalizar un bloque homogéneo de Gobiernos Autónomos que apliquen decididamente los correspondientes programas de mejora, a través de un esfuerzo presupuestario proporcionado, y de una gestión eficiente, más atenta a al consecución del objetivo común que al minucioso seguimiento de los problemas competenciales.
Tanto en las Comunidades Autónomas en que gobernamos como -sobre todo- en las que estamos en la oposición, los socialistas no debemos tener complejos en apoyar públicamente y hasta sus últimas consecuencias los esfuerzos progresistas que se están realizando desde la Administración Central para dar la batalla definitiva al subdesarrollo y al atraso del agro español. Realzar los aspectos diferenciadores es propio de la derecha, interesada en mantener las cosas como están. Incidir en el esfuerzo común es propio de los socialistas, convencidos de la necesidad y la viabilidad de los cambios.
3. AGROINDUSTRIA
3.1 Los vínculos agricultura-industria
La acusada estabilidad de la explotación familiar y la relativa regresión de la gran explotación capitalista no quiere decir que el capital renuncie a los beneficios del negocio agrario. En las economías más desarrolladas (la española entre ellas), esta penetración se produce estrechando los vínculos y relaciones de la agricultura con la industria de inputs agrarios, con la industria transformadora (agroindustria) y con la distribución alimentaria. Ello da lugar a una estructura en la que la actividad agraria va perdiendo autonomía e individualidad, conformándose lo que se ha venido en llamar el sistema agroindustrial.
3.2. Pautas de evolución de la industria agraria y alimentaria.
La industria de transformación alimentaria posee ya una trayectoria muy consolidada desde hace muchos años en la mayoría de las economías más desarrolladas. Está en buena parte constituida por gigantescos complejos industriales enormemente concentrados, con alto grado de internacionalización, y en su evolución actual y futura caben señalar las tendencias siguientes:
- "Deslocalización" agraria, buscando al expansión hacia nuevas actividades.
- Relocalización hacia sectores alimentarios de más valor añadido, ligados a segunda o tercera transformación industrial.
- Relocalización geográfica, desde las áreas de producción en origen a las proximidades de los núcleos de consumo.
- Gran sensibilidad al cambio tecnológico. En el futuro próximo, los productos agrícolas pueden constituir materias primas privilegiadas de los nuevos procesos industriales de fragmentación y síntesis molecular a base de biomasa.
Nos encontraríamos así en el umbral de un mercado potencialmente inagotable para los productos agrarios, más allá incluso de los usos alimentarios.

AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA

Autor: Prieto, José Carlos Editorial: Programa 2000 Colección: Cuadernos de Debate Género: Politica Lugar: España Edición: 1 ISBN: 84-323-060-6 Nº Páginas: 60 Año Publicación: 1988 Veces visto: 2621 Recomendar a un amigo Imprimir Regresar a Biblioteca.

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